Cárcel por burlar sanciones internacionales: el giro de la UE anticipa un tsunami en 'Compliance'.

Las tensiones geopolíticas entre la Unión Europea y el resto del mundo van a tener un impacto penal en los consejos de administración de las compañías. La Directiva 2024/1226, que España todavía está tramitando, quiere obligar a los Estados miembros a sancionar penalmente a empresas y directivos que incumplan con el régimen de sanciones que adopte el Ejecutivo comunitario. Si hasta ahora el incumplimiento de las sanciones internacionales se ventilaba con una multa administrativa, las compañías y sus directivos van a afrontar consecuencias penales si las vulneran.

Esa es una de las principales claves de esta directiva que busca homogeneizar en los 27 Estados miembros un castigo penal a todas aquellas personas, tanto físicas como jurídicas, que no cumplan con el régimen europeo de medidas restrictivas. “Esta directiva va a transformar por completo los programas de 'compliance', especialmente en multinacionales del Ibex 35 con exposición internacional, como por ejemplo energéticas, bancos o grupos industriales. Ya no basta con tener políticas genéricas; ahora necesitan arquitecturas específicas para sanciones de la Unión Europea, alineadas con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y otros regímenes, o se enfrentarán a imputaciones penales bajo el art. 31 bis del Código Penal español”, explica el profesional. El mismo señala que lo más relevante de la directiva “es la ampliación de la responsabilidad personal de directivos y miembros del consejo”, ya que la normativa “no solo impone obligaciones a la empresa, sino que busca garantizar que la alta dirección asuma una posición activa en la prevención de infracciones, incluyendo una supervisión exhaustiva que, de fallar, puede suponer una imputación por negligencia grave o falta de control”.

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EFE El Ejecutivo comunitario concluye que ha incumplido la ley de servicios digitales porque su sistema de moderación de contenidos para evitar la venta de productos ilegales presenta "fallos sistémicos" Trazabilidad de las operaciones, transparencia en los últimos beneficiarios, auditorías profundas de todos los elementos de la cadena de suministro… Son varios los ejemplos que cita el profesional de aspectos que las compañías van a tener que vigilar con lupa para evitar incumplir con la normativa. Las corporaciones van a tener que andar con pies de plomo para asegurarse de que no llevan a cabo operaciones prohibidas, que no ponen fondos a disposición de empresas o personas sancionadas, omiten información relevante y no están expuestas a personas y/o entidades sancionadas, entre otros ejemplos de conductas sancionables previstas en la normativa. “Las empresas de toda Europa se enfrentan a un régimen penal brutalmente endurecido”, advierte en profesional. Si antes este tipo de sanciones se limitaban a una multa administrativa que en ningún caso salpicaba a los directivos, ahora la vulneración de estas sanciones va a pasar a ser un delito directo en toda la Unión Europea. Bastará una infracción objetiva grave, como por ejemplo no congelar fondos rusos, para que las personas jurídicas sean imputadas por beneficio corporativo y las físicas por negligencia grave en la supervisión.

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Los ciudadanos rusos afectados por las restricciones europeas podrán acudir ante el TJUE para pedir que se anule su sanción. El proceso, sin embargo, no es sencillo.

En cifras, las multas de las personas jurídicas pueden alcanzar el 5% de su facturación global, la disolución de la compañía o la imposibilidad de contratar con la Administración Pública, recuerda la letrada. En el caso de las personas físicas, entre dos y tres años de prisión por operaciones graves, a lo que hay que sumar multas económicas.

"La futura introducción en el Código Penal del delito por incumplimiento de las sanciones internacionales de la Unión Europea vuelve a poner de relieve la extraordinaria carga que soportan nuestros jueces. No basta ya con dominar la legislación nacional -cada vez más cambiante-, sino que ahora se les exige un conocimiento exhaustivo del complejo entramado normativo europeo, especialmente en materia de sanciones internacionales, un ámbito que ni siquiera los expertos comunitarios abordan sin dificultad", concluye el profesional, que advierte de la dificultad que supone para ellos abordar un marco legal "que no deja de expandirse".

Fuente.- El confidencial